La Constitución Española encomienda a los poderes públicos el deber de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, estableciéndose en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales el marco en el que se desarrollarán las medidas y actividades necesarias para proteger a los trabajadores de los riesgos derivados del trabajo basándose en principios de prevención, responsabilidad y participación.
